2 de junio de 2020
El impuesto al sol, llamado así de manera popular, corresponde a la normativa recogida en el Real Decreto 900/2015 en relación con la transición energética y la protección de los consumidores. Dicho de otro modo, el Cargo Transitorio por Energía Autoconsumida.
Basado en la evidencia de que la energía solar es un bien esencial para la sociedad, agrupa una serie de medidas de protección agrupadas en dos capítulos: el primero dedicado a los consumidores vulnerables y la lucha contra la pobreza energética, y el segundo para aumentar la información, protección y racionalización de los mecanismos de contratación.
De modo resumido, el resultado de esta ley afectaba directamente a las instalaciones de autoconsumo de energía solar fotovoltaica o a cualquier instalación que generase energía hacia el exterior de ésta, mediante la aplicación de impuestos directos sobre la energía producida por su equipo. La argumentación se basaba en que los productores de energía renovable debían financiar el sistema igual que el resto de los consumidores, alegando que este tipo de instalaciones requería de un coste de mantenimiento. Este coste no debía asumirse por las empresas eléctricas privadas ni por la red eléctrica estatal, a pesar de reportarles beneficio, sino por los autoconsumidores. En otras palabras, un «peaje».
La respuesta inmediata al motivo es que este impuesto cobraba dos veces lo mismo. En el caso del autoconsumo, debía pagar tanto a la comercializadora (intermediaria) como a la red eléctrica productora, con lo cual se abonaba el doble.
El impuesto al sol representó un retroceso grave para la instalación de paneles solares, muy especialmente en España, país con un potencial de horas solares diarias enorme. Se incrementaron las facturas de la luz y la dependencia energética puso a los españoles en un circuito cerrado insalvable: por un lado, apostaba por una energía sostenible, no contaminante e infinita, además de reducir la dependencia energética de la población, y por otro lado entraba de lleno en un proceso burocrático complejo que generaba grandes gastos para todos. Incoherente, ¿verdad? Sobre todo, si tenemos en cuenta que la Unión Europea, en su Plan de Energías Renovables 2020, pretendía que el 20% de la energía fuera de origen renovable al alcanzar ese año.
Al final, pudo demostrarse que el impuesto al sol era un ataque frontal contra las energías renovables y no beneficiaba en nada sino todo lo contrario. Hay que mencionar que el Gobierno hizo todo lo posible por mantenerse firme frente a la oposición, e incluso vetar la propuesta que pretendía paliar los efectos del impuesto al sol. Con la ayuda de los socios europeos se logró sacar esta propuesta que defendía cómo debía regirse el derecho de autoconsumir energía eléctrica sin cargos. A las puertas del año 2020, esta medida era más que urgente.
El Real Decreto 15/2018 reconoció el derecho al autoconsumo sin cargos en las instalaciones de hasta 100kW y simplifica los trámites administrativos para instalaciones de baja potencia nominal. Además, el titular de la instalación solar no tiene que coincidir con el titular del suministro de energía ni se impone la exigencia del segundo contador.
En el Real Decreto 244/2019, de nuevo se revisaba toda la regulación de los requisitos para instalar placas solares, condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía solar en España. Es en este momento cuando se certifica la defunción del impuesto al sol, de modo definitivo.
Ante la duda de si este tipo de impuestos se pueden recuperar, la respuesta más sensata es que no puede afirmarse al 100%: las leyes y el futuro están por escribir. Lo que sí podemos afirmar es que, pese a los esfuerzos de los partidos políticos al frente del gobierno español, en su momento, para lograr mantener en pie el decreto que gravase el sector fotovoltaico y el autoconsumo de modo importante, la tendencia del país es no frenar el progreso hacia planes sostenibles. Ahora España está alineada con la Unión Europea.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética. El texto de este plan fue enviado a finales de marzo de 2020 a la Comisión Europea y coincide con el que actualmente se encuentra incluido en fase de consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico (EAE) del plan, enviado a Bruselas como borrador actualizado. El progreso debería haberse concluido, pero tras la declaración del Estado de Alarma se encuentra actualmente suspendido.
Una rentabilidad positiva, además de que la conciencia sobre el cambio climático refuerza la opción de pasarnos el máximo posible a las energías «verdes».
Gracias al aprovechamiento de la radiación solar para producir electricidad, el beneficio es amplísimo: a medida que crece el número de instalaciones solares fotovoltaicas se incide sobre el precio de la electricidad, las emisiones y gases contaminantes disminuyen, y se favorece el desarrollo del sector (creación de empleo y crecimiento económico). ¿Vehículos eléctricos? Cada vez será más viable realizar la esperada transición hacia un modelo energético y de movilidad más ecológico…
Tras la derogación del impuesto al sol, la energía solar en España se reactivó de nuevo y sigue recuperando posiciones en el ranking mundial. Con el nuevo real decreto, el consumo de energía gratuita, barata, inagotable y limpia vuelve a estar en auge. Si quieres saber más, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
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